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Auto A-439/19

 

SALA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO DE LA CORTE CONSTITUCIONAL EN MATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO-Sentencia T-025 de 2004

 

CORTE CONSTITUCIONAL-Competencia para hacer seguimiento al cumplimiento de la sentencia T-025/04

 

 

Auto 439/19

 

 

Referencia: Respuesta al Auto No SRVNH-04/00-58/19, proferido por la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz.

 

 

Bogotá D.C., nueve (9) de agosto de dos mil diecinueve (2019).

 

 

La suscrita Magistrada Presidenta de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, profiere la presente providencia con fundamento en las siguientes:

 

CONSIDERACIONES

 

1.            En el marco del Caso 004 de 2018[1], la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas (SRVR) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), mediante Auto del 12 de marzo de 2019, asumió el conocimiento de la solicitud de medidas cautelares preventivas elevada por la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz (CIJP) en favor de “las comunidades de Pueblo indígena del Alto Guayabal -Coredocito del resguardo Urada (SIC) Jiguamiandó-, especialmente Cabildo Mayor CAMERUJ, Zonas Humanitarias y Zonas de Biodiversidad de Jiguamiandó y de Curbaradó”.

 

En esta providencia, la SRVR solicitó a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004  remitir “información relevante en relación con a) competencias ejercidas en los territorios de que trata el auto, relacionadas con la protección colectiva de comunidades, b) medidas adoptadas para la prevención y protección, y estado de las mismas, c) seguimiento realizado a las medidas, incluyendo instancias o mecanismos existentes”.

 

2.            La Sala Especial resolvió la solicitud elevada por la SRVR en el Auto 136 de 2019. En esta providencia la Sala: (i) precisó su competencia en el seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y los autos complementarios; (ii) desarrolló el contenido de las medidas adoptadas para la protección de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes, en el marco del seguimiento a la superación del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) declarado en el año 2004; y (iii) retomó las medidas específicas para la protección de las comunidades étnicas  de las cuencas de los ríos de Curvaradó y Jiguamiandó[2].

 

3.            Posteriormente, mediante Auto No SRVNH-04/00-58/19, la SRVR dio trámite a la solicitud de adición de nuevas comunidades dentro de la petición de medidas cautelares presentadas por la CIJP. En concreto, la SRVR se refirió a 28 comunidades en favor de quienes se presentó la nueva solicitud, así: (i) dos zonas de biodiversidad ubicadas en el territorio colectivo de La Larga Tumaradó (Riosucio, Chocó); (ii) tres zonas de biodiversidad ubicadas en el territorio colectivo de Pedeguita Mancilla (Riosucio, Chocó); 16 zonas de biodiversidad y dos zonas humanitarias en el territorio colectivo de Cacarica (Riosucio, Chocó); y cinco zonas de biodiversidad ubicadas en el municipio de Dabeiba (Antioquia)[3].

 

Adicionalmente, en esta providencia, se solicitó a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 información acerca de (i) las competencias ejercidas para la protección de las 28 comunidades ubicadas en zonas humanitarias y de biodiversidad en los municipios de Riosucio (Chocó) y Dabeiba (Antioquia); (ii) las medidas adoptadas para la prevención y protección de aquellas, así como el estado de las mismas; y (iii) el seguimiento realizado, lo cual incluye las instancias y mecanismos existentes para tales propósitos.

 

4.            Advertido el hecho que el contenido de la solicitud remitida por la SRVR versa sobre los mismos elementos acerca de los cuales esta Corporación se pronunció en el Auto 136 de 2019, en la presente decisión se reitera la respuesta dada a la SRVR en relación con la competencia de la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y las medidas adoptadas en favor de las comunidades étnicas ubicadas en las cuencas de los ríos Curvaradó y Jiguamiandó.

 

En consonancia con lo anterior, tal como se sintetizó en el Auto 136 de 2019, es preciso tener en cuenta que la Corte Constitucional profirió diferentes decisiones –cuyo alcance es general– dirigidas a promover la garantía de los derechos del pueblo Embera Katio y las comunidades afrodescendientes, en particular se resaltan las siguientes providencias: Autos 218 de 2006, 004 y 005 de 2009 y 266 de 2017. Adicionalmente, esta Corporación, en el caso de las comunidades negras de Curvaradó y Jiguamiandó resolvió decretar un conjunto de medidas específicas y urgentes, con el fin de solventar su grave crisis humanitaria (Autos del 18 de mayo de 2010, 045, 112 y 299 de 2012).

 

5.            En síntesis, si bien la Sala Especial de Seguimiento –en casos excepcionales– ordenó medidas cautelares de carácter urgente para proteger los derechos fundamentales individuales y colectivos de las comunidades afrodescendientes y los pueblos indígenas, en relación con las 28 comunidades identificadas por la SRVR no se han proferidos este tipo de medidas.

 

En mérito de lo expuesto, la suscrita Magistrada,

 

RESUELVE

 

 

ÚNICO.- COMUNICAR, por intermedio de la Secretaría General de la Corte Constitucional, a la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz el contenido de la presente decisión.

 

Cúmplase.

 

 

 

GLORIA STELLA ORTIZ DELGADO

Magistrada Presidenta

Sala Especial de Seguimiento Sentencia T-025 de 2004

 

 

 

MARTHA VICTORIA SÁCHICA MÉNDEZ

Secretaria General

 

 

 

 

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